El mundo entero acaba de dar una contundente respuesta de rechazo al decreto sancionatorio de Estados Unidos contra Venezuela, lo que generó revuelo en los medios políticos, sociales y de comunicación, a tal punto que solapó la intención y la realidad de otra orden ejecutiva del Gobierno estadounidense contra el planeta, como es el decreto de ciberinjerencia aprobado el 1º de abril por la Casa Blanca.
La información, reseñada por diversas agencias internacionales, refiere que esta orden ejecutiva “es un régimen de sanciones que se aplicarán a individuos o entidades extranjeras responsables de ataques cibernéticos o ciberespionaje, lo que se suma a otras medidas para proteger al país de los hackers”; es decir que el sujeto de sanción es quien el gobierno de Obama considere como responsable de un ataque cibernético contra Estados Unidos, según decida la Casa Blanca.
La orden, que no requiere del voto del Congreso, permite por primera vez imponer penalizaciones a los individuos o grupos ubicados fuera de EEUU que sean acusados de ataque o espionaje cibernético “maliciosos” que supongan una “amenaza significativa” a la seguridad nacional, la política exterior, la economía o la estabilidad financiera de la primera potencia mundial.
El basamento legal argumentado por Washington para esta nueva ofensiva es la Ley de Emergencia de
Poderes Económicos por emergencia internacional (International Emergency Economic Powers Act) aprobada en 1977.
Propone el decreto la incorporación de su ciberseguridad a la nueva diplomacia, que según los últimos acontecimientos internacionales, se avizoran sanciones contra quienes ellos determinan.
Lo primero que propone el citado ciberdecreto es que el Departamento del Tesoro podría congelar activos económicos personales o jurídicos si consideran que sus actividades afectan su seguridad nacional, su política exterior o su actividad económica.
Esta nueva orden administrativa abre la posibilidad al libre uso del arsenal telemático estadounidense para, bajo la figura de su defensa, penetrar sistemas de personas, organizaciones, empresas o países, como ya lo han ejecutado.
En una evidente subjetividad sancionatoria, el decreto detalla que no solo los ciudadanos que en EEUU sean calificados como piratas informáticos corren el riesgo de ser penalizados, sino cualquier persona que el gobierno de Obama considere que tiene la intencionalidad de causar efectos de importancia, como dañar infraestructura crítica, usar secretos comerciales o robar fondos, según su propia óptica.
¿DOBLE MORAL?
En marzo de 2014, el diputado del Partido Comunista de Venezuela al Parlamento Latinoamericano, Grupo Venezolano, Roso Grimau, publicó en las redes sociales un artículo titulado El imperialismo pierde terreno en Siria, Ucrania y Venezuela, donde denuncia la doble moral estadounidense, y que ahora con este decreto busca legalizar una serie de acciones que viene ejecutando en el ciberespacio en contra de naciones que son apatecibles para su economía, por sus riquezas y recursos naturales.
Expone que “cada vez que el capitalismo entra en una crisis grave activa las prácticas fascistas para no perder terreno en el control del avance de sus piezas en el tablero del ajedrez internacional”
Agrega que “se sigue hablando de guerras de cuarta generación, cuando hemos visto sucederse algunas guerras de quinta generación e incluso ya podríamos estar presenciando el inicio de guerras de sexta generación (…). El Manual de Capacitación de Fuerzas Especiales del Ejército de EEUU en Guerra No Convencional de noviembre de 2010 en sus 97 páginas resume cada una de estas acciones que se han ejecutado con muy buenos resultados en varios países como Libia, Siria, Ucrania y Venezuela. (…) En él podemos corroborar en detalle cada una de las fases y de las acciones que han sido perpetradas para generar los resultados de desestabilización de los gobiernos que afectan los intereses de dominación del imperialismo con sus políticas de defensa de la soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos”, acota el referido artículo.
A pesar de que los voceros del Pentágono norteamericano aseguran que con dicho decreto no irá contra países sino contra individualidades, Washington aseguró que los ataques ocurridos en los últimos meses a los servidores de la multinacional Sony; las compañías Target, Home Depot y JPMorgan, así como a las redes sociales del Ejército de EEUU fueron ejecutados por el Gobierno de Corea del Norte.
Aunado a ello, el sistema de justicia estadounidense denunció recientemente a varios militares chinos por supuestamente haberse infiltrado en ordenadores de algunas empresas energéticas.
Washington, además, ha divulgado que sospecha que Irán está detrás de un ataque ocurrido en 2012 contra su sistema financiero.
Ante esa realidad, donde la administración Obama señala sin pruebas, a varios países, por la vulnerabilidad de sus ciberdefensa, Ciudad CCS consultó la opinión de expertos en la materia para saber las estrategias o recomendaciones de lo que debería plantearse Venezuela –ya atacada en el decreto donde la califican como una amenaza inusual– en aras de garantizar su propia ciberdefensa.
Los cibernautas Francisco Vielma, Marianicer Figueroa, Alexis Anteliz y Augusto Dávila, miembros de la comunidad impulsora de software libre, coinciden en varios puntos relacionados con la profundización en el marco legal, el aumento en la formación en materia informática, la puesta en práctica de la Ley de Infogobierno, así como mayor protagonismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en ocasión de impulsar estrategias de defensa, para que no se repitan, por ejemplo, capítulos de ciberataques como los vividos durante el paro petrolero con el sabotaje a Petróleos de Venezuela.
La región debería blindarse con agendas comunes
“¿Por qué el ALBA no se ha propuesto levantar su propio sistema troncal de internet, que ofrecería mayor seguridad y privacidad a sus países, cada vez más interconectados y dependientes de operadores que gestionan la conexión y que suelen plegarse a las decisiones imperiales?”, se pregunta desde finales de 2011 Rosa Elizalde, en su condición de directora del portal Cuba Debate.
“Nadie duda que la ciberguerra real mata cada día a cientos de personas en dondequiera que utilizan los drones: esos robots asesinos de la CIA dirigidos por jugadores de nintendo, que se cargan con un clic a seres de carne y hueso a cientos de kilómetros de los dedos que aprietan el gatillo”, denunció.
Indicó que se trata de poner el concepto de ciberguerra en su justo lugar, y a la ciberdefensa activa entre las prioridades, a riesgo de que las potencias tilden de ciberpiratas, y por tanto vulnerables a las sanciones imperiales, a quienes busquen defenderse.
Explicó que como han comprendido los halcones de la guerra, un territorio ocupado por miles de millones de personas debe ser controlado y militarizado con suma urgencia, por lo que replican las estructuras del mundo físico en el universo digital.
Aseguró que “a la ciberguerra solo se le puede oponer la ciberdefensa activa, un concepto que tenemos que articular sin retóricas y sin ingenuidades, con la certeza de que no se podrá superar el modelo imperial en estas nuevas circunstancias desde la ignorancia o el prejuicio”, expone tajantemente.
Estima necesario cultivar el pensamiento revolucionario opuesto “a la locura de la evangelización digital, que pretende hacernos creer que un software es una red social o que una cosa es un ser humano”.
Ante esta realidad y la ausencia de claras estrategias de ciberdefensa continental y de bloque, se pregunta: “¿Dónde está nuestro observatorio o red que reúna, comparta y estudie las experiencias de resistencia en internet? ¿Por qué todavía no existe un equivalente de telesur para la red de redes?”.
La ciberguerra vulnera a la información y los sistemas
La ciberguerra es una forma de conflicto que enfoca sus acciones ofensivas y defensivas alrededor de la información y los sistemas tecnológicos.
Así lo considera el cibernauta venezolano Francisco Vielma, quien estima que esta forma de contienda, vinculada con la guerra mediática, la guerra económica y la guerra psicológica es parte del arsenal que ha sido usado por distintos grupos de poder en la últimas décadas para generar procesos de desestabilización entre gobiernos (Estonia 2007) y en otras ocasiones como antesala de intervenciones bélicas con intereses imperiales (Libia 2011).
Explica que el campo de batalla es el escenario de internet y las comunicaciones; los soldados son ahora ciberguerreros, hackers no gubernamentales y mercenarios de la red; y el armamento se convierte en un grupo amplio de técnicas y herramientas para la manipulación de información sensible sobre individuos y sistemas, con impacto de carácter social.
Asegura que en Venezuela, desde los años 90 empieza un nuevo accionar de este tipo de tácticas de guerra al centralizar las operaciones informáticas de Pdvsa por parte de la transnacional SAIC, que mediante acuerdos, crea la empresa Intesa como responsable de las operaciones y mantenimiento de la plataforma tecnológica.
Además denuncia que “Intesa y SAIC, empresas históricamente dirigidas por militares relacionados con el Departamento de Estado y exfuncionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, participaron activamente en el sabotaje petrolero de 2002-2003 en contra del pueblo venezolano, manteniendo un control a distancia de las operaciones informáticas de Pdvsa y manejando a discreción los valores de configuración de los sistemas Scada y los sistemas de comunicación interna, hecho que constituyó el sabotaje informático más grave ocurrido hasta ese momento en la historia del país”, aseveró.
Francisco Vielma sostiene que “en los últimos años se ha visto cómo este tipo de operaciones de guerra ha ido en vertiginoso crecimiento, de manera preocupante, y ha cambiado sus tácticas en diversas ocasiones”.
Explica que así lo ilustra el caso de las transnacionales tecnológicas que se opusieron al decreto presidencial 3.390 (software libre en la administración pública).
Poco tiempo después, Wikileaks develaría la forma cómo estas empresas, mediante sus sistemas privativos, filtraban para la CIA información sensible de las instituciones del Estado venezolano.
Rememora que “en 2013 y 2014 hubo escenarios de variados ataques informáticos, pasando desde el spam telefónico recibido por la población venezolana en los procesos electorales, hasta el secuestro de credenciales en las cuentas de redes sociales de los dirigentes de la Revolución en distintas ocasiones”, aseguró.
Vielma adiciona que el punto crítico de los ataques informáticos se registró entre febrero y mayo de 2014, afectando a más de 200 sitios web del Gobierno Bolivariano, con el verdadero objetivo (“sin éxito, para fortuna de los que estamos a favor de la paz”) de escalar una ofensiva contra la plataforma tecnológica de los servicios públicos (electricidad, agua, gas, telefonía, transporte, banca, entre otros) y así buscar generar un estado de confusión y malestar en la población venezolana que concluyera en un estallido social.
Explica que “en ese escenario caótico, en donde la ley se torna ambigua a falta de acuerdos internacionales en la materia, la mejor defensa del pueblo es la conciencia alrededor de estos asuntos para asumir una postura crítica en torno a la tecnología que usa, la cual en su mayoría es empleada por programas de vigilancia masiva (Echelon, Prism, Xkeyscore, Tempora), para generar estrategias de guerra no convencional”.
En este sentido, asevera: “Las tecnologías libres, las arquitecturas descentralizadas y el cifrado de las comunicaciones, se convierten en pilares fundamentales de la defensa integral de la Patria, siendo los Movimientos Sociales de Base Tecnológica y el Gobierno Bolivariano sus principales promotores y constructores, quienes con el impulso de la Ley de Infogobierno y las futuras leyes que se hacen necesarias para generar políticas en estos temas, serán a su vez los garantes de la paz cibernética en el país”.
Las TIC representan intereses de los grupos más poderosos
En la llamada sociedad de la información y/o sociedad del conocimiento convergen de manera acelerada las telecomunicaciones, la radiodifusión y la informática, es decir, las tecnologías de la información y comunicación (TIC), que representan mayoritariamente un modelo político y tecnológico capitalocentrista que, de forma neocolonizadora, expresa los intereses de los grupos económicos más poderosos de carácter multinacional.
Así lo piensa Marianicer Figueroa, directora en Innovación Educativa y miembro de la comunidad software libre.
Asegura la especialista que “no pueden pasar por debajo de la mesa términos como ciberguerras, ciberataques, ciberseguridad, ciberterrorismo, que dan cuenta de un centro de poder que infiltra los sistemas informáticos de lo que considere su blanco o su enemigo”.
Agrega que cada día se producen miles de ataques e intrusiones que han causado daños políticos, económicos y psicológicos a través de por lo menos tres vías:
1. Ataque por parte de los servicios de inteligencia de un país y/o grupo político o económico (caso Snowden).
2. Ataque masivo a redes públicas y privadas para la paralización, control y redirección para controlar oleoductos, plataformas petroleras, centrales eléctricas, de telecomunicación, centrales nucleares, instalaciones industriales.
3. Ataque mediático a través de las redes sociales con la intención de incidir en las matrices de opinión de la ciudadanía nacional e internacional.
Añade la especialista que “este escenario cobra potencia al reconocer a la red de redes como un medio masivo para la colonización del capitalismo, y específicamente a la colonización del ser y por ende de su psiquis. Muestra de este tipo de ataques fue la manipulación acontecida durante el 2014 de fotografías e imágenes de otros países o momentos históricos que fueron publicadas en las redes sociales para instaurar mediáticamente la idea de que las guarimbas que se llevaron a cabo en ese año en el país, fueron reprimidas el año pasado por un Estado forajido, opresor y violador de derechos humanos”.
GRACIAS A CHÁVEZ
Consciente de la gravedad que reviste la constante amenaza, Figueroa agradece al Comandante Chávez por haber despertado al pueblo transformándolo en tropa digital para la defensa y el ataque, “desenmascarando semióticamente el escenario mediatico-manipulador que se teje en las redes; y a raíz de allí surgen las interrogantes: ¿Está nuestra Fuerza Armada y nuestra milicia preparándose para una guerra que no será la guerra convencional con armamento militar? ¿Estaremos preparados para defendernos del ataque informático que atente contra nuestro sistema eléctrico, las telecomunicaciones, los sistemas de bombeo de agua potable o los equipos que controlan la producción en los pozos, las plantas de llenado y distribución de los productos de la industria petrolera venezolana? ¿Están seguras contra posible hackeo las bases de datos que contienen información sobre nuestras reservas energéticas en Pdvsa, del Banco Central de Venezuela, del Seniat o nuestro sistema electoral en el CNE?”, se preguntó.
Se desprende entonces, desde sus interrogantes, la necesidad imperiosa de lograr mecanismos de defensa en el espacio virtual, como objetivo central y prioritario para la seguridad del Estado, a riesgo, por supuesto de que estas acciones despierten sospecha en el gigante del norte y lo impulse a apuntar sus cañones cibernéticos en contra de estos 916 mil 445 kilómetros cuadrados, que son el hábitat de los hijos de Bolívar y Chávez, que desde finales del siglo pasado reviven un proceso de renacimiento de los ideales libertarios e independentistas, de autodeterminación en aras de una libertad real, virtual y segura.
LUIS MARTÍN/CIUDAD CCS
ILUSTRACIÓN ETTEN CARVALLO/FUENTE MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
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