El documento que propone “un acuerdo nacional para la
transición”, publicado el pasado 11 de febrero por Antonio Ledezma, Leopoldo
López y María Corina Machado, es lo más parecido a una reedición del llamado
“Decreto Carmona” del 12 de abril de 2002.
Al menos en lo que respecta a las decisiones inmediatas en lo
político e institucional las semejanzas son innegables, aunque el decreto del
golpe de 2002, por razones obvias, es mucho más específico.
El documento, que según la denuncia del presidente venezolano,
Nicolás Maduro, sería una especie de clave para dar inicio a un plan de golpe
militar con especial intervención de algunos pilotos del componente Aviación,
está dividido en tres bloques que abordan lo político-institucional, lo
“social” y lo económico.
Gobierno en fase terminal
La propuesta parte de una serie de consideraciones y de datos
arbitrarios para concluir con la aseveración de que “el Gobierno de Maduro
entró en fase terminal”.
En ese sentido establece que el actual gobierno se
corresponde con “un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y
despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido
impulsar el bienestar y el progreso de todos”.
De ese modo pretende definir la corrupción como el atributo
fundamental del proceso transformador iniciado por presidente Hugo Chávez en
1999.
En la misma introducción descalifica moralmente a la
dirección política de la Revolución y a uno de sus soportes fundamentales, como
lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
A la primera la presenta como
“una élite sin escrúpulos de no más de cien personas” y a la segunda se
refiere como parte de un “militarismo de cúpulas corruptas”.
De allí surgen los dos puntales de la decretada “fase
terminal”: que la economía está devastada y que, en consecuencia, podría
llevarnos a una “emergencia humanitaria”.
Rescate de poderes
La agenda política está dirigida a la pretendida restitución
de las “libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de
derecho”, y como en el Carmonazo se proponen cosas como la libertad de los
presos políticos y el retorno de los exiliados.
Para ello dan como ciertos supuestos como que hay presos por
sus ideas políticas y no por haber cometido delitos y que muchos de los
autoexiliados son en realidad fugitivos de la justicia y que nadie los expulsó
del país.
Sin embargo, la esencia de la lista de buenos deseos leída
por el abogado Daniel Romero se encuentra en la propuesta de restituir la
autonomía de los órganos del Poder Público, lo cual incluye la designación de
sus directivos (es decir, de otros y nuevos directivos) por las vías
constitucionales.
No ofrecen detalles de cómo harían eso, pero cabría
preguntarse ¿cómo lo harían con una AN en contra?
¿O acaso también, como aquella tarde de abril, decretarán la
disolución del Parlamento?
“¿Y quién lo decretaría si la constitucionalidad se
encuentra, según lo dicho, absolutamente cuestionada”? Probablemente sea otro
gerente de la empresa privada designado al efecto.
En otro punto continúa el plan de restitución de otros
espacios institucionales, entre los cuales está la figura de la
descentralización y el ejercicio de los poderes regionales y locales.
Igual vale preguntarse cómo se realizaría eso si los
gobernadores y alcaldes fueron electos hace poco más de un año y tienen por
delante al menos otros tres años de ejercicio de sus mandatos.
¿O, como en 2002, harán otro decreto para destituir a
mandatarios regionales y locales?
Es que las palabras “restituir” y “destituir” se parecen
mucho.
Lo más curioso es que, a pesar de tantas “restituciones” solo
se plantean la realización de la elección presidencial “en forma libre y
absolutamente transparente”.
Restablecer el abastecimiento
La agenda social de los líderes opositores está en el segundo
bloque de propuesta, y la exponen como mecanismo para enfrentar una supuesta
“emergencia social”.
Y propone en primer lugar “restablecer a cortísimo plazo el
abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial”.
No explican en ninguna parte cómo harán eso, pero lo dicen
con tanta seguridad que parece que tienen la fórmula secreta.
¿Será acaso que saben cómo normalizar el abastecimiento
porque se trata de una condición que sus aliados empresariales crearon?
Algo similar plantean con respecto a la corrección de fallas
de los servicios públicos. A pesar de que actualmente se adelantan programas
con ese fin con la participación de los trabajadores de las empresas y de las
comunidades.
Desconocer esa gestión significa que se facilitaría la contratación de modelos
de servicio diseñados y operados por transnacionales.
Es decir se retornaría a un esquema privatizador con
modalidades como concesiones y contratos de operación.
Algo similar podría ocurrir con los servicios de salud, ya
que se plantea la existencia de fallas y deformaciones “en la gestión de la
salud pública”.
Posiblemente esas deformaciones no sean otras que la creación
de centros de diagnóstico con equipos de alta tecnología, la construcción de
hospitales especializados y la formación
de casi 20 mil nuevos médicos en los últimos nueve años.
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Despolarizar el país y despolitizar la FANB
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es uno de los objetivos
esenciales de la propuesta empresarial y derechista.
Por eso se propone nítidamente desvincularla de toda
actividad político-partidista. Se trata de tener una organización al directo
servicio de los intereses de la burguesía, como tradicionalmente han funcionado
las fuerzas militares: ejércitos privados investidos de la autoridad del
Estado.
Con la Revolución Bolivariana esa visión de la FANB al
servicio de los poderosos se modificó y comenzó a actuar en defensa de los
intereses del pueblo.
Por otro lado, el plan prevé abrir un proceso de
despolarización política y de reconciliación nacional.
Una buena pregunta es, ¿por qué esperar una transición para
despolarizar y reconciliar al país? ¿Acaso eso no debe comenzar desde ahora?
No debe olvidarse que esa “salida transicional” pudiera ser
parte de un intenso conflicto que potenciaría la polarización.
¿Entonces por qué intentar acabar con las posturas de los
polos?
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Producir más petróleo y eliminar los controles
La propuesta de transición de Ledezma, Leopoldo López y María
Corina Machado sí ofrece más precisiones al abordar el tema económico, ubicado
en el tercer lugar de la agenda.
Eso incluye:
1.- Elevar significativamente la producción petrolera, lo
cual iría a favorecer una caída más significativa del precio del crudo. También
desean revisar los marcos legales de la industria, lo cual podría apuntar a
autorizar mecanismos de inversión privada y venta de acciones y
participaciones.
2.- Volver a pedir crédito en los tradicionales circuitos
financieros mundiales, con las condiciones habitualmente impuestas por el FMI
que incluyen orientaciones neoliberales en economía.
3.- Restituir los llamados equilibrios macroeconómicos, que
no otra cosa que favorecer al capital financiero y ofrecer las mejores
condiciones al sector externo.
4.- Restablecer la autonomía del BCV, y así evitar el uso
óptimo de los ingresos en divisas que percibe el país.
5.- Reparar los daños presuntamente causados por
expropiaciones arbitrarias, lo cual puede causar pérdidas patrimoniales a la
nación.
6.- Revisar el estado de todas las empresas no-petroleras en
manos del Estado y decidir la forma de propiedad y gestión, lo que apuntaría a
su privatización.
7.- Desmontar los controles de la economía y dejar todo bajo
el control invisible del mercado, es decir de la especulación.
Fuente: Victor Hugo Majano / Ciudad Ccs
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